PORTO ALEGRE, Brasil – La deuda es tan grande que no puede resolverse con dinero, sostiene el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Pero la moneda que se utilizará para reparar las consecuencias históricas de la esclavitud es la de la solidaridad, afirma Lula.
La Ley de Igualdad Racial, que entra en vigencia el 20 de octubre, representa el marco legal para corregir las injusticias sociales generadas por la esclavización de africanos y sus descendientes durante más de tres siglos.
“La aprobación del proyecto de Igualdad Racial, convertido en ley, consolidará lo que ya se había contemplado en la Constitución de 1988: convertir a Brasil en una república verdaderamente democrática en la cual se trate a todos sus ciudadanos, sin distinción, como iguales”, declaró Lula este año en su programa radial semanal Café con el Presidente.
En la práctica, la ley intenta reparar las distorsiones sociales que marginan a los afrobrasileños, una secuela de los 380 años de esclavitud en Brasil, último país del mundo en abolir esta práctica.
“Es una ley para todo el país, ya que el proyecto se redactó para proteger a todos los brasileños de todo tipo de prejuicio, e intenta fomentar la igualdad de condiciones para todos, independientemente de su origen étnico o color de piel”, manifestó el senador Paulo Paim, autor del proyecto legislativo 12.288 que aprueba la ley.
Esta legislación apunta a proveer igualdad de oportunidades a los negros y los brasileños "pardos" al igual que a defender las etnias y combatir la discriminación y la intolerancia.
“Desde 1888, no habíamos creado ninguna ley que confiriera la igualdad a la población negra”, dijo el ministro Eloi Ferreira de Araujo. (Cortesía de Renato Araujo/Agência Brasil)
De una población brasileña de 184,4 millones, casi la mitad, es decir 91 millones, se identifican como de piel negra o marrón, según la Encuesta Nacional de Hogares (PNAD 2005) del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
La nueva normativa entra en vigencia
Lo que se espera es que la Ley de Igualdad Racial se convierta en una cuestión de hecho para la población, que refleje lo que sucedió con la Ley de Niños y Adolescentes hace dos décadas, cuando se convirtió en el medio judicial que garantiza las políticas de protección a niños y adolescentes.
El Artículo 1 de la nueva ley, que comprende un total de 65 artículos, define a la discriminación racial como la exclusión, distinción, restricción o preferencia basada en el origen étnico, el origen familiar o el lugar de nacimiento.
El documento también establece la desigualdad racial como el otorgamiento de acceso a oportunidades sobre la base del origen étnico, el origen familiar o el lugar de nacimiento.
El documento establece programas para enfrentar las disparidades étnicas en educación, cultura, deportes, esparcimiento, salud, seguridad, trabajo, medios de comunicación, financiamiento público, además del acceso a la tierra y el sistema judicial.
“Finalmente tenemos una ley que tiene en cuenta a los afrobrasileños”. declara el abogado Antonio Carlos Cortes, activista por la igualdad de los derechos humanos. “Estas políticas positivas son fundamentales para reducir la desigualdad”.
Sólo quienes experimentaron a diario el prejuicio en carne propia pueden entender los obstáculos que tuvieron que sortear, sostiene Cortes.
“Quienes piensan que asignar cupos a estudiantes afrobrasileños no ayudará o que [reunir los requisitos para acceder a las escuelas] sólo es una cuestión de competencia [académica] necesitan mirar a su alrededor en el gimnasio, el trabajo y en las universidades para prestar atención a cuántos afrobrasileños ven”, afirma Cortes.
Las estadísticas respaldan el argumento de Cortes.
Mientras que el 54,1% de las mujeres afrobrasileñas y el 60% de las mujeres de piel oscura trabajan en el mercado laboral informal, sin reconocimiento oficial ni acceso a los beneficios legales relacionados con el trabajo, el porcentaje de mujeres blancas en ese campo es de 44%, según el Resumen de Indicadores Sociales del IBGE (SIS 2010).
En el Congreso brasileño se debatió la Ley de la Igualdad Racial durante siete años. (Cortesía de Antonio Cruz/Agência Brasil)
La ley ayuda a revertir los procesos en el Supremo Tribunal
La creación de la Ley 12.288 eleva las expectativas de la comunidad afrobrasileña de anular tres acciones controvertidas presentadas ante el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño.
El Partido Demócrata (DEM) peticionó ante el STF que dictamine contra el establecimiento de subsidios especiales para afrobrasileños en el programa Universidad para Todos (ProUni); la asignación de cupos [raciales] universitarios y contra un decreto que reglamenta los procedimientos para otorgar títulos a las parcelas de tierra de los quilombolas, zonas habitadas por descendientes de esta comunidad y que alguna vez dieron refugio a los esclavos fugitivos.
“Estas acciones pierden su ímpetu con la promulgación de la ley”, sostiene Eloi Ferreira de Araujo, ministro para la Promoción de la Igualdad Racial.
Es intención del gobierno federal emitir decretos y resoluciones relacionados a la ley tan pronto como en noviembre, cuando se celebra el mes dedicado a generar conciencia sobre la cultura negra y donde se destaca especialmente el 20 de noviembre, el día para generar conciencia sobre lo que los afrobrasileños han aportado al país.
Las acciones del gobierno podrían ser la creación de las Audiencias Permanentes en Defensa de la Igualdad Racial que “recibirían y le darían seguimiento a las quejas sobre prejuicios y discriminación por origen étnico o racial, y buscarían la implementación de medidas que promuevan la igualdad”, como lo establece el artículo 51 de la ley.
“La ley es un documento que debemos celebrar”, declaró Araujo. “Desde 1888, cuando se promulgó la Ley Áurea para abolir la esclavitud, no habíamos elaborado ninguna ley que otorgue el estado de igualdad a la población negra”.
Sin embargo, Araujo sostiene que el próximo desafío es que esto se reproduzca en todo el territorio nacional.
El marco legal establece que se debe garantizar a los afrobrasileños el acceso justo a la educación, la vivienda, el trabajo y la cultura, además de condiciones especiales para acceder a la atención médica.
El próximo paso es crear normas que garanticen que se respeta la ley en todo el país.
“Tenemos que crear un entorno nuevo y proveer vigilancia para que todo se cumpla”, declara Araujo.
“La Ley de Igualdad Social se elaboró para proteger a los brasileños frente a todo tipo de prejuicios e intenta fomentar la igualdad de condiciones para todos”, dijo el senador Paulo Paim. (Cortesía de Geraldo Magela /Agência Senado)
Las comunidades quilombolas
Una de las mayores pruebas a la que tendrá que someterse la Ley de Igualdad Racial será su aplicación en zonas de quilombolas, comunidades fundadas hace siglos por esclavos fugitivos y habitadas ahora por sus descendientes.
Los municipios donde se encuentran los quilombolas pueden recibir un 50% más de fondos federales para proveer atención médica familiar, atención odontológica y servicios de saneamiento básicos a los residentes de esas zonas.
“La misma medida debe tomarse en el ámbito de la educación, al crear escuelas, capacitar a los docentes y garantizar las comidas en el horario escolar”, declara Alexandro Reis, secretario de Comunidades Tradicionales en la Secretaría para las Políticas de Promoción de la Igualdad Racial.
Entre las políticas que podrían mejorar las comunidades quilombolas se encuentran también el acceso al transporte y la financiación de proyectos para pavimentar las calles.
“A partir de 2011, los estados y municipios tendrán la obligación de considerar a las comunidades quilombolas cuando soliciten financiación junto al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)”, manifiesta Reis. “Esta gente tuvo que refugiarse en áreas de difícil acceso para huir de la esclavitud y el racismo. Ahora debemos cambiar este paradigma por medio de la participación de la sociedad brasileña”.
De las 1.500 comunidades quilombolas registradas por la Fundación Palmares, casi todas son consideradas social y económicamente vulnerables.
“La población negra necesita servicios de salud especiales, que tengan en cuenta las características específicas de la raza”, sostiene Maurício Reis, director del Departamento de Protección Afrobrasileña de la Fundación Palmares.
La anemia falciforme, la enfermedad hereditaria más prevalente entre los afrobrasileños, es un ejemplo de la necesitad que existe de establecer políticas de salud concretas y bien definidas para los descendientes de africanos.
En cuanto a la educación, la mayor preocupación es determinar los cupos, que deben clasificarse como raciales, al igual que el acceso al programa del gobierno federal que provee financiación a los estudiantes de familias de bajos ingresos para ir a universidades privadas (ProUni).
"Sabemos que era imposible que la ley contemplara todas las soluciones, pero estos puntos no pueden ignorarse”, según Reis. “Tenemos que mejorar la ley presentando estas propuestas”.
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